El Ayuntamiento de Espartinas, a través de la Delegación de Medio Ambiente, que dirige Aurora Baena, ha solicitado a la Junta de Andalucía que tome medidas “de verdad” para acabar con la plaga del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), que afecta a las palmeras de la zona hasta producirles la muerte. En noviembre de 2007, esta plaga comenzó a introducirse en la comarca del Aljarafe. El Ayuntamiento de Espartinas, tomó medidas de forma inmediata y destinó recursos y medios técnicos para establecer un protocolo de actuación que puso un freno a la expansión de este insecto en el término municipal de Espartinas. Sin embargo, estas medidas sirven de poco si en los municipios cercanos a esta localidad siguen padeciendo esta plaga, ya que en breve las palmeras de Espartinas estarán de nuevo infectadas.

En este sentido, Aurora Baena, ha comentado que “si todos los municipios no actúan con eficacia y rapidez, si no se realizan controles, tratamientos para frenar la plaga, si no se actúa de forma conjunta, a corto plazo, no habrá manera de controlar este insecto, y se perderá un patrimonio vegetal importantísimo, característico y de gran valor de esta comarca, como ya ha ocurrido en otras zonas de Andalucía”. “Por ello –continúa Baena-, es necesario que la Junta de Andalucía tome medidas de forma inmediata, es necesario que asuma de una vez por todas sus competencias y que trabaje en serio”.

De hecho, al inicio de la plaga, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía dijo gastar más de 7 millones de euros en la tala de palmeras, en lugar de investigar un sistema de control de esta plaga. En la actualidad, la Junta no asume la competencia de este problema y responsabiliza a los ayuntamientos del control de la misma, ya que, según el gobierno autonómico, son los consistorios los culpables de que se haya introducido este insecto en los municipios, por el incremento urbanístico y la importación de especies de palmeras para el paisajismo de nuevas urbanizaciones. “Por tanto, se deja ahora en manos de todos y cada uno de los ayuntamientos el control de la plaga, cuando, además el 90 por ciento de las palmeras, si no más, son de propiedad privada y el insecto no entiende de propietarios y se extiende de forma aleatoria”, apunta Baena, para quien es necesario “instar a la Junta de Andalucía a que coordine todas las instituciones públicas –diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos- para actuar de forma conjunta y salvar un patrimonio vegetal centenario andaluz”.